La propuesta será girada a comisiones para su debate antes de que sea votada por los diputados. Plantea identificar a los usurpadores, anotarlos en un registro y suspender cualquier tipo de asistencia social que se les estuviera pagando.
El diputado provincial Leandro Zdero y su par Alejandro Aradas -ambos del radicalismo- presentaron en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, suspenderá el pago de planes o beneficios sociales a aquellas personas que participan de la ocupación ilegal de terrenos públicos o privados.

“El proyecto surge por la angustia de los damnificados ante el aumento del número de casos de usurpaciones y tomas de terrenos que se han observado en el Chaco, en las últimas semanas. Es imprescindible que el gobierno provincial tome medidas para evitar situaciones que perjudican tanto al Estado nacional, provincial y a los municipios, como a los privados”, dice la fundamentación que acompaña a la propuesta.

REGISTRO PARA IDENTIFICARLOS

El proyecto además expresa la restricción al acceso de asistencia por parte del Estado Provincial, a partir del momento en que se cometa el ilícito.
“Aquellos que participen o instiguen usurpaciones de terrenos y/o propiedades en el territorio de la Provincia integrarán un Registro a cargo de la Autoridad de Aplicación, con el fin de identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Estado Provincial y restringir su acceso a los mismos o suspendidos si ya lo estuvieran percibiendo”, plantea el proyecto.

La iniciativa de la UCR aparece en momentos en que en todo el país se desarrolla un intenso debate acerca de qué medidas tomar frente a la ola de usurpaciones que se viene dando en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, entre ellos el Chaco.

En nuestra provincia, como informara NORTE esta semana, hay al menos 34 nuevas causas en trámite por ocupaciones ilegales de predios, algunos de ellos estatales y otros privados.

El Chaco, a su vez, por su situación de atraso social y económico, es una de las jurisdicciones del país en la que más beneficios y programas sociales se abonan.

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